El contragolpe judicial responde a la denuncia efectuada por el organismo estatal por supuestas irregularidades en la conformación de la Fundación del policía.
Pese a la condena a dos años de prisión en suspenso, la inhabilitación se ciñe a las "funciones operativas" como miembro de la fuerza de seguridad y a la posibilidad de portar y utilizar armas.