Se amenazó con suspender los servicios en el interior del país como consecuencia de una deuda de $14.280 millones que el Estado Nacional tiene con las empresas del sector.
La Federación Argentina de Supermercados (FASA), que nuclea a empresas del interior, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de pedir a gremialistas y piqueteros que asistan en el control del cumplimiento del programa.